Migrar es algo inherente al ser humano. De hecho, si el hombre no hubiera migrado, no se habrían dado las civilizaciones tal y como las conocemos actualmente. Las migraciones siempre han contribuido al desarrollo de las sociedades, sobre todo de aquellas a las que llegan los migrantes, pero no hay que obviar que además del desarrollo, las migraciones o, mejor dicho, la llegada de personas a una “sociedad de acogida”, siempre han venido acompañadas de estigmatización por determinados sujetos que les responsabilizan de muchos de los males que puedan existir en dicha sociedad. Ahí se sustenta el discurso de Vox y del PP últimamente. Además, el encaje de diferentes tipos de vida y costumbres no siempre es sencillo, provocando en muchas ocasiones conflictos que suelen tener un factor en común: la culpabilización de las personas de origen extranjero.
Hoy día en España se ha alcanzado un nivel preocupante de discurso del odio.Desde la tribuna de muchos ayuntamientos, parlamentos autonómicos y del Congreso se lanzan discursos y proclamas de odio al diferente sin que seamos conscientes de que ese discurso no solo afecta al diferente, sino que socava profundamente los valores democráticos sobre los que se sostiene nuestra sociedad.
El discurso del odio tiene repercusiones más allá de las inminentes que se puedan dar en el insulto o la agresión a alguien por su origen, religión o color de piel. La acción de odio no se limita al instante en el que se produce la agresión. También va creando un poso en el resto de la sociedad que provoca que algunas personas no consideren al otro como un igual, sino como un culpable, un chivo expiatorio y al que poco a poco se le va deshumanizando para no sentir empatía ni remordimiento ante los ataques que pueda sufrir. Véase el caso de niños de origen extranjero, los denominados menas, que han sido víctimas de linchamientos públicos, en algunos casos televisados, por parte de grupos de ultraderecha.
A lo largo de toda la historia humana, la suerte de los minoritarios fue un indicio revelador de un problema más extenso que afecta a todos los ciudadanos de un país y a todos los aspectos de su vida social y política.
En una sociedad en la que las minorías padecen discriminación y persecución, todo se corrompe y se pervierte. Los conceptos pierden su sentido y la igualdad o la inclusión se convierten en una suerte de utopías y de reflexiones sobre las que se produce un debate, cuando debería ser algo lógico y elemental.
Esta situación ha provocado que sea difícil ejercer el papel de ciudadano sin hacer referencia a los orígenes, confesión o pertenencias específicas, polarizando mucho más nuestra sociedad y perpetuando estereotipos y prejuicios.
Hace unos días celebrábamos el 42 aniversario de la Constitución. Su objetivo era dotar de un paraguas a todas las personas que vivimos en España convirtiéndolas en ciudadanos de pleno derecho bajo un marco común. Sin embargo, vista la situación actual, nuestra querida Constitución debe ser actualizada y adaptada a los tiempos en los que vivimos y a la sociedad que conforma este país. Esto debe producirse tanto para reforzar y dar cumplimiento de algunos artículos ya existentes, como para reformular artículos que actualmente quedan obsoletos.
Los derechos en España necesitan mejoras, y estas reformas constitucionales deben servir para reforzar y ampliar los mismos en beneficio de la ciudadanía. El momento en el que no se hable de inmigración en España nunca va a llegar, por lo que afrontar las reformas necesarias, incluida la de la Constitución a través de un pacto, no puede ni debe posponerse más.
Desde esta tribuna animo a las fuerzas políticas a apoyar una de las más antiguas reivindicaciones de los colectivos de inmigrantes y que no es otra que facilitar la participación política, pilar esencial de nuestra democracia. Para que dicha participación se amplíe al mayor número de ciudadanos inmigrantes, es necesaria la modificación del artículo 13.2 de la Constitución suprimiendo la necesidad de convenios de reciprocidad con los países de origen de los inmigrantes. Permitir que los nuevos ciudadanos puedan participar políticamente en nuestro país no debe estar ligado a la decisión de los gobiernos de los países de origen, países que, en algunos casos, carecen de las garantías democráticas que sí existen en España.
Celebrar este día internacional del migrante reivindicando la participación social y política de dichas personas es fundamental para frenar los populismos que alientan el odio a lo diferente y para a su vez fortalecer los cimientos de una sociedad libre y democrática que trate por igual a todos sus ciudadanos.
Articulo publicado el 18/12/2020 en el diario Infolibre: https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/18/los_inmigrantes_participacion_politica_114541_2003.html
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